En estos veinte meses que ha tenido la Presidenta Michelle Bachelet para llevar a cabo su programa de gobierno, las dificultades que han surgido en el camino han sido numerosas, en comparación a las otras administraciones concertacionistas. Y más agudas también.
Entre las principales están: la implementación del Plan Transantiago, las protestas de los estudiantes secundarios, que demandaban una mejor calidad de la educación y la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil -con el incendio en el centro del Sename en Puerto Montt como paradigma más representativo-, por nombrar sólo a algunos.
Estas vicisitudes han sido un verdadero desafío a la gestión, tanto técnica como política, de las autoridades gubernamentales que, en su mayoría, han sido caras nuevas debido a la intención de la Jefa de Gobierno de nombrar a ministros "que no se repitieran el plato", y asimismo al Gabinete paritario, que tenía como una de sus prioridades al asumir.
Es claro que la capacidad de gestión de algunos ministros ha sido deficiente. Tanto en lo técnico como en lo político. En Educación, el año pasado Martín Zilic fue incapaz de manejar el movimiento secundario -la famosa "revolución pingüina"-, de un modo eficaz, sin perjuicio de que fue un problema que requería una conducción más que astuta, con mucha "muñeca". Esa ineficiencia Zilic la pagó con su prontísima salida de la cartera -la más rápida en estos 17 años de gobiernos de la Concertación- y su "quemadura" política para futuros cargos.
Otro que duró escaso tiempo en su ministerio fue el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones Sergio Espejo, quien, a diferencia de su correligionario Martín Zilic, se fue con un no despreciable respaldo de la gente; algo no menor, pensando en posibles candidaturas al Congreso.
En el caso de Espejo, la gestión técnica no fue lo que se esperaba, porque a pesar de que la implementación del plan de transporte público se realizó con fallas que venían desde el gobierno de Ricardo Lagos, su primer error fue recomendarle -junto con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco- a la Presidenta no postergar la puesta en marcha del Transantiago, a pesar de los informes que advertían que el sistema no estaba listo aún.
Sin embargo, la popularidad con que Espejo se fue, contrastando con su gestión técnica, se explica por la hábil conducción política que tuvo, usando como recurso culpar de la mayoría de las deficiencias del plan al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), a Sonda -la empresa encargada de proporcionar el soporte tecnológico-, y a Manuel Navarrete, el renunciado gerente general de dos de los operadores del sistema (Buses Metropolitana y Gran Santiago) y ex hombre fuerte de las micros "amarillas".
Otro de los ministros que debió decir tempranamente adiós a su cargo en el Gobierno fue el ex ministro del Interior Andrés Zaldívar. La ausencia de manejo político y coordinación con los partidos fueron factores clave para su temprano abandono del Gabinete, porque dichos aspectos son fundamentales en esa secretaría de Estado.
Pero, además de las deficiencias en las gestiones técnicas y políticas, han existido otros puntos negros en la administración Bachelet. Éstos han sido la corrupción, falta de ética y la nula actitud de asumir las responsabilidades políticas.
Respecto de lo primero, se puede nombrar el desvío de fondos públicos para financiar campañas políticas, como sucedió con los dineros de los Programas de Generación de Empleos (PGE) en la V Región, por ejemplo.
O lo ocurrido con la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Este caso refleja la nula capacidad de asumir los errores políticos, porque, a diferencia de otros países, desarrollados por cierto, a los ministros no se les alcanza a formular críticas respecto de sus fallas cuando hace rato han presentado sus renuncias. Eso se llama asumir las responsabilidades políticas, no lo que se suele realizar en Chile, donde éstas son "asumidas" cuando los ministros ya no están en sus cargos -¡pero porque se les ha pedido la renuncia, no por iniciativa propia!-; o también mediante las famosas comisiones investigadoras, cuyo trabajo es, a priori, una pérdida de tiempo, porque están mal estructuradas, ya que la mayoría de éstas la tiene el oficialismo y no la oposición. Esto es algo que raya en lo ridículo, porque una comisión cuya tarea consiste en fiscalizar al Gobierno no puede estar desequilibrada hacia el lado del propio gobierno. Eso es una obviedad ética básica.
Así, el caso del incendio del Sename refleja lo caraduras y patudos que suelen ser algunos, por no decir la mayoría, políticos chilensis, porque el actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado, hace muchísimo rato que debería haber presentado su renuncia al cargo, debido a que él apoyó la implementación de una reforma que no estaba en condiciones de ser ejecutada, porque la falta de infraestructura -por la escasez de recintos y el hacinamiento en que viven en los ya existentes los menores que han delinquido- era sabida, y aun así se llevó a cabo, por temor a recibir críticas debido a una nueva postergación.
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