Proceder de ministra Yasna Provoste: impresentable

Es impresentable que la ministra de Educación, Yasna Provoste, todavía siga en su cargo. Hace rato que debería haber renunciado por su responsabilidad política en el caso de las irregularidades detectadas en el pago de las subvenciones escolares de la Región Metropolitana. Renunciar es lo que corresponde cuando se tiene un mínimo de ética.

El proceder de Provoste estaría siendo más negligente aun con el desmentido que le hizo el ex auditor ministerial de Educación Hernán Ortiz -quien fue despedido en marzo de 2007 junto con otra auditora luego de detectar el destino incierto de cheques por más de $35 mil millones administrados por la Seremi metropolitana de Educación- por las declaraciones hechas por Provoste el viernes 15 de febrero, cuando ésta afirmó que fue el propio Ministerio de Educación el que detectó las anomalías investigadas por la Contraloría y que en diciembre de 2006 entregó los antecedentes a la justicia, asegurando Ortiz que eso es falso, porque siendo él el auditor ministerial en esa fecha, nunca se entregó la información ni a la Contraloría ni al Ministerio Público, sino todo lo contrario, señalando además que la ministra nunca lo quiso recibir cuando le intentó advertir sobre las irregularidades.

Sin embargo, y como se trataría de palabra contra palabra, lo que correspondería antes de juzgar si la ministra mintió o y si las aseveraciones de Ortiz son las verdaderas, es realizar la respectiva investigación y comprobar si los dichos del ex auditor son ciertas, o si la ministra es la que dice la verdad. Aunque esto no quiere decir que la ministra Provoste ya debería haber renunciado, y no deslindar toda la responsabilidad en los mandos medios, como ocurre con el seremi de Educación metropolitano, Alejandro Traverso, quien dijo que asumirá su responsabilidad cuando corresponda debido al cargo de confianza que ejerce. Yo me pregunto, ¿cuándo será el momento correspondiente para renunciar? Debería hacerlo ya.

En este sentido, impresentables son también las declaraciones del ministro Vidal, quien dijo: “Qué quiere que le haga yo, que le crea a la ministra o a otra persona (refiriéndose al ex auditor Hernán Ortiz). Le creo a la ministra. Y el día que no le crea a la ministra no va a ser ministra”. El vocero de Gobierno se equivoca rotundamente, porque ese tipo de argumento, tan débil, no se condice con el actuar que deben tener las autoridades gubernamentales, porque las responsabilidades políticas de los miembros del gabinete, y su consiguiente exculpación y continuidad en sus cargos, no deben quedar al simple juicio –tan subjetivo por lo demás- de un ministro, sino que lo que le correspondería decir a Vidal es que se va a investigar a fondo quién dice la verdad, si Provoste u Ortiz, o algo que vaya en esa línea.

Esta falta de ética de la ministra Provoste se suma a la del embajador en España, Osvaldo Puccio, a quien pareciera importarle bien poco que una supuesta asesoría suya a Gendarmería esté siendo cuestionada por la supuesta inconcordancia de sus firmas en los documentos presentados a este organismo público.

Solicitar renuncias no es lo que corresponde, ya que son los propios involucrados los que deberían dejar sus cargos a disposición. Además, no tiene nada de agraviante, porque si finalmente las investigaciones que se hagan arrojan que las autoridades no cometieron ilícitos sus nombres quedarán sin opacidades.

Es realmente impotente ver que algunas autoridades insisten en tener esta desfachatez de a pesar de tener responsabilidades políticas no renuncien a sus cargos y sigan tan campantes en ellos, y luego veamos que surgen comisiones investigadoras en las cámaras para establecer aquéllas, pero que no tienen validez ya que la mayoría la tiene el oficialismo, siendo que lo que correspondería es que la oposición la tuviera, porque éticamente es inconcebible que una comisión que fiscalice el actuar de personeros de Gobierno tenga por mayoría a los propios parlamentarios de su sector. Además, todas estas irregularidades contradicen la agenda pro-transparencia que el Gobierno está llevando a cabo.

Impresentable.

Gestión y transparencia del Gobierno

En estos veinte meses que ha tenido la Presidenta Michelle Bachelet para llevar a cabo su programa de gobierno, las dificultades que han surgido en el camino han sido numerosas, en comparación a las otras administraciones concertacionistas. Y más agudas también.

Entre las principales están: la implementación del Plan Transantiago, las protestas de los estudiantes secundarios, que demandaban una mejor calidad de la educación y la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil -con el incendio en el centro del Sename en Puerto Montt como paradigma más representativo-, por nombrar sólo a algunos.

Estas vicisitudes han sido un verdadero desafío a la gestión, tanto técnica como política, de las autoridades gubernamentales que, en su mayoría, han sido caras nuevas debido a la intención de la Jefa de Gobierno de nombrar a ministros "que no se repitieran el plato", y asimismo al Gabinete paritario, que tenía como una de sus prioridades al asumir.

Es claro que la capacidad de gestión de algunos ministros ha sido deficiente. Tanto en lo técnico como en lo político. En Educación, el año pasado Martín Zilic fue incapaz de manejar el movimiento secundario -la famosa "revolución pingüina"-, de un modo eficaz, sin perjuicio de que fue un problema que requería una conducción más que astuta, con mucha "muñeca". Esa ineficiencia Zilic la pagó con su prontísima salida de la cartera -la más rápida en estos 17 años de gobiernos de la Concertación- y su "quemadura" política para futuros cargos.

Otro que duró escaso tiempo en su ministerio fue el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones Sergio Espejo, quien, a diferencia de su correligionario Martín Zilic, se fue con un no despreciable respaldo de la gente; algo no menor, pensando en posibles candidaturas al Congreso.

En el caso de Espejo, la gestión técnica no fue lo que se esperaba, porque a pesar de que la implementación del plan de transporte público se realizó con fallas que venían desde el gobierno de Ricardo Lagos, su primer error fue recomendarle -junto con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco- a la Presidenta no postergar la puesta en marcha del Transantiago, a pesar de los informes que advertían que el sistema no estaba listo aún.

Sin embargo, la popularidad con que Espejo se fue, contrastando con su gestión técnica, se explica por la hábil conducción política que tuvo, usando como recurso culpar de la mayoría de las deficiencias del plan al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), a Sonda -la empresa encargada de proporcionar el soporte tecnológico-, y a Manuel Navarrete, el renunciado gerente general de dos de los operadores del sistema (Buses Metropolitana y Gran Santiago) y ex hombre fuerte de las micros "amarillas".

Otro de los ministros que debió decir tempranamente adiós a su cargo en el Gobierno fue el ex ministro del Interior Andrés Zaldívar. La ausencia de manejo político y coordinación con los partidos fueron factores clave para su temprano abandono del Gabinete, porque dichos aspectos son fundamentales en esa secretaría de Estado.

Pero, además de las deficiencias en las gestiones técnicas y políticas, han existido otros puntos negros en la administración Bachelet. Éstos han sido la corrupción, falta de ética y la nula actitud de asumir las responsabilidades políticas.

Respecto de lo primero, se puede nombrar el desvío de fondos públicos para financiar campañas políticas, como sucedió con los dineros de los Programas de Generación de Empleos (PGE) en la V Región, por ejemplo.

O lo ocurrido con la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Este caso refleja la nula capacidad de asumir los errores políticos, porque, a diferencia de otros países, desarrollados por cierto, a los ministros no se les alcanza a formular críticas respecto de sus fallas cuando hace rato han presentado sus renuncias. Eso se llama asumir las responsabilidades políticas, no lo que se suele realizar en Chile, donde éstas son "asumidas" cuando los ministros ya no están en sus cargos -¡pero porque se les ha pedido la renuncia, no por iniciativa propia!-; o también mediante las famosas comisiones investigadoras, cuyo trabajo es, a priori, una pérdida de tiempo, porque están mal estructuradas, ya que la mayoría de éstas la tiene el oficialismo y no la oposición. Esto es algo que raya en lo ridículo, porque una comisión cuya tarea consiste en fiscalizar al Gobierno no puede estar desequilibrada hacia el lado del propio gobierno. Eso es una obviedad ética básica.

Así, el caso del incendio del Sename refleja lo caraduras y patudos que suelen ser algunos, por no decir la mayoría, políticos chilensis, porque el actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado, hace muchísimo rato que debería haber presentado su renuncia al cargo, debido a que él apoyó la implementación de una reforma que no estaba en condiciones de ser ejecutada, porque la falta de infraestructura -por la escasez de recintos y el hacinamiento en que viven en los ya existentes los menores que han delinquido- era sabida, y aun así se llevó a cabo, por temor a recibir críticas debido a una nueva postergación.